La Junta impide al personal laboral cumplir los requisitos que ella misma y los tribunales les exigen, vulnerando un derecho fundamental como es la igualdad en el acceso al empleo y a la función pública.
El pasado mes de julio de 2013, la Junta de Andalucía publicaba la Oferta de Empleo Público 2013 (OEP 2013), aprobada mediante Decreto 90/2013, de 23 de julio, en la que se aprobaba la convocatoria de plazas para acceso al cuerpo de funcionarios en aquellos “sectores, funciones o categorías profesionales (…..) que se considerasen prioritarios o afectaran al funcionamiento de servicios públicos esenciales”.
En base a ello, la OEP 2013 se presentó como necesaria para atender sobre todo y con carácter urgente el “área económico-financiera” mediante sistemas de acceso libre; sin embargo, se añade en la Oferta que en reconocimiento del “derecho a la carrera profesional del personal al servicio de la Administración Pública reconocido en el artículo 14.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público” se convocarán pruebas de promoción interna, de acceso restringuido.
Así, el pasado 19 de septiembre, se publicó en BOJA una Resolución mediante la cual “se convocan pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para personal laboral para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía”.
Desde UITA no podemos permitir que la Junta de Andalucía continúe realizando a su antojo estos procesos de funcionarización, a todas luces incoherente con su propia política de reordenación del sector público y discriminatorio respecto al resto de personal laboral de entes instrumentales, puesto que sólo pueden participar en este proceso el personal laboral fijo.
Es por ello que UITA ha presentado una demanda ante el Juzgado contra la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para defender los derechos del personal laboral de agencias y entes instrumentales a participar de los procesos de acceso a los cuerpos de funcionarios o laborales de la administración pública, en condiciones de igualdad.
A pesar de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre los protocolos de integración y estatutos de los entes instrumentales afectados por Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía y que la propia Ley especifica claramente que el personal de los entes instrumentales deberán acceder a los mencionados cuerpos mediante los procesos a tal fin previstos en la normativa, con la convocatoria de acceso restringido se nos impide al personal laboral cumplir los requisitos que la propia Junta y los tribunales nos exigen, vulnerando un derecho fundamental como es la igualdad en el acceso al empleo y a la función pública.
Además, los procesos de funcionarización o acceso de carácter restringido requieren de un nivel alto de excepcionalidad, debiendo estar justificados a nivel técnico; de oportunidad en el tiempo y siempre que la no convocatoria pueda suponer una paralización de un servicio público esencial, cuestiones que no concurren en este caso.
Por todo ello consideramos que la Junta de Andalucía vulnera el derecho de los trabajadores de las entidades instrumentales, impidiéndoles el acceso a esta convocatoria restringida y vuelve a despreciar a quienes integró y reconoció la condición de empleado público.
UITA ha solicitado la suspensión cautelar de la convocatoria, la nulidad en el apartado 1.1 y 1.3 de la Base Segunda de la convocatoria, por cuanto ampara solamente al Personal laboral del VI Convenio, cuando la Oferta de Empleo Público de 2013 no limita a colectivo alguno y la convocatoria debe extenderse a todo el personal laboral y se solicita nueva convocatoria sin que el acceso se circunscriba al personal laboral del VI Convenio.
