Exigimos se dote a ese personal de las funciones encomendadas a las agencias de colocación y se apueste por el servicio público
El sindicato UITA denuncia públicamente el llamado PROYECTO PILOTO DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADA DEL SAE CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN como inicio de un plan claramente encaminado a despojar a la ciudadanía andaluza de los servicios públicos de empleo en vez de dotar a éstos plenamente de recursos para desarrollar las funciones que les corresponde.
Este proyecto piloto, con un plazo de ejecución de 2 años, supone la inversión de casi 2 millones de euros destinados a la atención en cada año de 1.000 jóvenes en desempleo y 1.000 personas desempleadas mayores de 30 años de larga duración. Si hacemos cálculos, a groso modo, el coste de la atención de cada una de estas personas alcanza los 500 €, mientras que si dicha atención fuera encomendada al personal laboral propio, cuyas funciones son similares, el coste de dicha atención supondría una media de 55 € por persona. Casi diez veces inferior al servicio que se ha contratado a empresas externas.
El objeto de este contrato con las agencias de colocación es la prestación de un servicio de colaboración para la realización de acciones y medidas en el ámbito de las políticas activas de empleo destinadas a facilitar la inserción laboral a personas desempleadas jóvenes y mayores de larga duración. Estas agencias podrán hacer uso de las instalaciones del SAE si así lo requieren.
Según la información publicada en la web del SAE, se especifica que este contrato se hace para sumar recursos, reforzar y complementar la actuación pública en políticas activas de empleo, pero lo cierto es que ella misma pretende diferenciar lo que es una agencia de colocación con el SAE diciendo lo siguiente: “El SAE es un organismo público (…) que, entre otras, tiene competencias para la orientación e intermediación laboral (…). Las Agencias de colocación son entidades públicas o privadas que pueden colaborar de diversa forma con el Servicio Andaluz de Empleo para la intermediación laboral.” En concreto dice que estas agencias “realizan actividades de intermediación laboral, también pueden realizar otras relacionadas con la búsqueda de empleo, como orientación e información profesional, y con la selección de personal.” Es decir, exactamente uno de los objetivos del SAE. Pero diez veces más caro.
Otro de los argumentos esgrimidos es que son fondos finalistas que provienen de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Desde UITA entendemos que la cuestión no es gastar por gastar dinero, en detrimento de lo público y de la atención a la ciudadanía a medio plazo, sobre todo en un SAE que tiene personal para afrontar estas labores, como ya se ha reclamado en infinidad de veces a los responsables de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Exigimos, por tanto, que se revierta esta situación y se dote plenamente al personal laboral propio de funciones que no se deben externalizar teniendo unos recursos humanos con amplio bagaje en todo lo relacionado con las políticas de empleo, formación e intermediación laboral y que la empresa apueste y ponga en valor a su personal de modo que no haya que parafrasear aquello de qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor, qué buenos empleados públicos si tuvieran buena Administración.
