A falta de la renovación del comité de empresa de Málaga y tras las últimas elecciones celebradas en Córdoba en el mes de marzo, UITA cuenta ya con veinticinco de los cincuenta y seis delegados que componen el mapa de la representación de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla del personal laboral propio de la Agencia SAE. El resto lo conforman en un 48,2% la UGT, con veintisiete delegados, y Comisiones Obreras, con cuatro delegados. Entre los veintisiete delegados de UGT, cinco corresponden a Málaga, como miembros de un comité caduco.
Desde que UITA iniciara su andadura por la defensa de los intereses de los empleados públicos del sector de las Agencias, el crecimiento ha sido permanente, siendo quizás la Agencia SAE la entidad donde mayor impacto ha tenido nuestra formación. Tal vez porque los sindicatos mayoritarios, que copaban los comités de empresa provinciales en esta Agencia, perdieron el norte respecto de cuáles eran los intereses que representaban; o quizás porque ha sido en esta Agencia donde la administración ha actuado con mayor desprecio y contundencia hacia sus empleados, sin encontrar resistencia, interpretando las sucesivas medidas de recortes con mayor agravio y de manera más lesiva hacia los trabajadores y trabajadoras que formalmente se integraron en el SAE en 2012 pero que, en realidad, gran parte ya trabajaba en este organismo desde hacía más de quince años.
Basta sólo recordar algunos hitos como la reducción del 10% de salario y jornada a toda la plantilla, al margen del carácter indefinido o temporal del contrato de cada uno; la suspensión del seguro colectivo de vida y accidente durante dos años, –esta decisión ha dejado varios afectados directos, algunos de los cuales tienen la oportunidad de recuperar parte de las indemnizaciones gracias a que UITA denunció y ganó en los tribunales esta decisión–; la separación física y funcional entre empleados en base a su condición de funcionario, laboral del VI convenio o integrado; movilidades funcionales sin criterios objetivos y poco o nada transparentes y, sobre todo, sin un catálogo de puestos que las sustente; falta total de voluntad para regularizar los contratos temporales irregulares, obligando a las personas afectadas a acudir a los tribunales; imposibilidad de acceso a ningún tipo de formación continua a pesar de detraer mensualmente, desde 2012, el porcentaje preceptivo de la nómina destinado a tal fin; la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales que impide, por ejemplo, la realización de la vigilancia de la salud; o la ambigüedad en la aplicación de lo recogido en convenio colectivo, sin vías para la negociación de uno nuevo que aclare el marco legal de las condiciones laborales de estos empleados. Estos hitos quizás sean algunos de los motivos o causas del crecimiento de UITA en el SAE.
Leves avances. Hay que seguir trabajando.
Lo cierto es que a día de hoy y después de tres años de actividad sindical de UITA, el panorama está cambiando, aunque sea levemente. Así por ejemplo, la separación física comienza a diluirse; se ha dictado una primera instrucción para regularizar las movilidades funcionales, –si bien UITA la ha impugando por considerar que el procedimiento no se ha negociado y que incluye cláusulas que perjudican a los empleados –, y los primeros traslados voluntarios por motivos de enfermedad están produciéndose, después de más de tres años desde que se solicitaran, –aunque la sección sindical de UITA no se da por satisfecha y exige que se atiendan todas las solicitudes, también las motivadas por conciliación y a las que el director gerente se comprometió con esta sección sindical–.
La apuesta de UITA siempre ha sido el diálogo y la negociación aunque la empresa no ha respondido como se esperaba, a pesar de las reiteradas peticiones de apertura de la mesa de negociación de un nuevo convenio colectivo que permita avanzar en temas que son esenciales para el colectivo, como la definición de los grupos profesionales o la implantación de medidas de igualdad y otras cláusulas sociales que vendrían a mejorar las condiciones de los trabajadores.
La situación se complica día a día, a medida que otros empleados se incorporan a la empresa mediante ejecución de sentencias, cada uno con condiciones propias definidas entre más de 13 convenios colectivos de aplicación. Desde UITA se ha pedido a la dirección gerencia que afronte la negociación de un convenio único que estabilice el empleo y unas condiciones igualitarias, incluso solicitando la presidencia de ese nuevo convenio al órgano que tiene las competencias, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y que se encuentra además dentro de la misma secretaría general de Empleo cuya titularidad ostenta el también gerente del SAE, Julio Samuel Coca. Sin embargo, por el momento, no parece que se estén poduciendo avances en este sentido. Es más, el anuncio por parte de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de una posible negociación para homogeneizar las condiciones de los empleados de los entes intstrumentales con el resto de personal laboral, no augura un buen panorama, sobre todo si quienes negocian ese posible acuerdo son los mismos que han permanecido impávidos ante los abusos o incluso en el caso del CSIF, han propiciado esos abusos y han movilizado a la opinión pública en contra de estos trabajadores, mediante una férrea campaña de descrédito y pidiendo incluso el despido de estos empleados.
