La aplicación de acuerdos laborales para todos los empleados públicos de la Junta se hace de forma arbitraria en función de cada agencia
En el espíritu de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público se encontraba la integración real y efectiva del personal laboral propio de las agencias en el sector público andaluz, una iniciativa que después de seis años permanece sin avances, lo que está generando discriminación entre los distintos colectivos de empleados públicos (funcionarios, laborales del VI Convenio de la Administración y laborales de las agencias).
Precisamente con el objetivo de poder negociar en las mismas condiciones que el personal funcionario y laboral del VI Convenio, desde UITA reclamamos que se constituya la mesa de negociación de las agencias, un órgano que permita negociar con la Junta de Andalucía todos los temas que afectan al personal laboral propio de agencias. En función de los propios intereses de la Junta, se aplican unas medidas y otras no. Así pues, cuando llegaron los recortes en el año 2012, no se respetó ningún convenio y se aplicó de forma homogénea las medidas que se contemplaban en la Ley de Recortes.
Un ejemplo lo tenemos con el complemento de antigüedad. Por ejemplo, en los casos de las Agencias AGAPA, SAE y Energía, el valor de los trienios del personal laboral propio fue recortado a partir del Decreto Ley 1/2012 como medida de “armonización”, medida que no ha sido revertida y que el sindicato denunció y ganó en el TSJA, estando a la espera del fallo del Tribunal Supremo. Sin embargo, en la Agencia AMAYA sucedió lo contrario: la antigüedad fue congelada en 2006 y dicho decreto no ha permitido su actualización.
La supuesta implantación de la jornada laboral de las 35 horas en el sector público andaluz, una medida armonizante en positivo, es otro ejemplo de la falta de criterio de la Junta. La presidenta, Susana Díaz, declaraba que “es una demanda justa por parte del conjunto de las centrales sindicales y lo que tendría que hacer Rajoy es tomar nota y dejar que se hiciera en el conjunto de España”. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para comprobar que no todos los empleados públicos andaluces se han beneficiado de esta medida, ya que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha armonizado la jornada laboral de todo el personal público, alegando que supondría la modificación de los convenios, como así ha ocurrido en las agencias Agapa, Energía o Amaya, entre otras.
UITA exige que se establezca una armonización real, en positivo, de las condiciones laborales de los empleados públicos de las Agencias, con una misma “vara de medir”, ya que “en cada agencia pública de Andalucía se aplican las medidas laborales que a la Junta de Andalucía le conviene en cada momento, enrocándose en lo que dice cada uno de los convenios cuando supone una mejora de las condiciones de trabajo de los empleados de las agencias”, explica el coordinador de secciones sindicales de UITA, Antonio José Rodríguez.
