Los pactos secretos se implantarán en las agencias donde CCOO, UGT y CSIF sumen mayoría
En la reciente reunión mantenida entre la representación de la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) y la secretaria general de Función Pública de la Junta de Andalucía, se ha puesto sobre la mesa una realidad incontestable que la Administración ha intentado silenciar: la llamada «mesa camilla» no tiene potestad negociadora.
Este reconocimiento oficial desmonta por completo la validez de los acuerdos alcanzados en dicho foro informal. Ante la falta de legitimidad legal de la mesa camilla para aplicar medidas vinculantes, la Junta de Andalucía y los sindicatos que la componen (CCOO, UGT y CSIF) han diseñado una estrategia de connivencia para burlar los cauces legítimos de participación.
Por la puerta de atrás
Al carecer de validez jurídica, los pactos secretos urdidos en la “mesa camilla” necesita ser validado obligatoriamente en los órganos de representación de cada agencia y empresa pública.
De este modo, la estrategia pasa por utilizar las mayorías sindicales que CCOO, UGT y CSIF ostentan en determinados entes instrumentales para convalidar por la puerta de atrás lo que previamente se ha cocinado a espaldas de los trabajadores en los despachos de la Junta.
Representantes de intereses de la Junta
Desde UITA se lanza una advertencia clara y directa a toda la plantilla de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía: votar a cualquiera de estas tres organizaciones en las elecciones de las agencias es, en la práctica, emitir un voto directo a favor de la Junta de Andalucía.
Apoyar a CCOO, UGT y CSIF en el ámbito de las agencias significa blanquear e implantar unas medidas que:
- Han sido pactadas en secreto, sin transparencia ni debate real con los afectados.
- Están diseñadas exclusivamente a medida de los funcionarios, ignorando por completo la naturaleza jurídica, las singularidades y la carrera profesional propia del personal de las agencias y empresas públicas.
- Consolidan la discriminación, relegando a los trabajadores propios de las agencias a ser considerados empleados públicos de segunda.