El pasado 29 de mayo, justo tras la finalización de las elecciones europeas, la Secretaria General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Mª Luz Fernández, reunió al Comité Intercentros de la Agencia para abordar, supuestamente, la aplicación de una reducción salarial del 5%, en aplicación de la disposición adicional 4ª de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014, en la que se prorrogan los recortes aplicados a la plantilla desde 2012. A dicha reunión asistieron por la parte social los miembros del Comité Intercentros y los asesores de las distinas fuerzas sindicales con representación en el SAE entre ellos UITA, que tiene un total de 12 delegados distribuidos entre Sevilla (10) y Huelva (2). Por la parte empresarial, estuvieron presentes la coordinadora de planificación, Patricia Salas y un técnico de la Agencia, junto con el abogado, Carlos García Quílez, que ha sido contratado por la Agencia para la aplicación de otras medidas ya anunciadas, que vendrían a deteriorar aún más las condiciones laborales del personal propio del SAE.
La propuesta presentada por la empresa al Comité Intercentros fue rechazada por los delegados de personal ya que, como puso de manifiesto uno de los asesores de UITA, no reflejaba los datos reales acerca de la masa salarial sobre la que se pretende aplicar la reducción del 5% y, por tanto, no es posible alcanzar ningún acuerdo sin conocer con exactitud y veracidad esta información. La empresa por tanto retiró la propuesta, al haberse detectado información inexacta y se comprometió a entregar los datos correctos. A este respecto, en el seno del Comité de Empresa de Sevilla, los delegados de UITA ya habían expresado su oposición ante la persistente actitud de la empresa de convocar a la parte social sin facilitar y aportar con antelación la información necesaria para afrontar cualquier negociación con una mínimas garantías de éxito, demostrando nuevamente su absoluta falta de diligencia y buena fe.
Desde UITA se han solicitado nuevamente a la coordinación y a la secretaría general, todos los datos necesarios para poder presentar una propuesta al C. Intercentros que permita en todo caso reducir el impacto de la medida sobre la ya perjudicada situación salarial de los trabajadores y trabajadoras del SAE, que han visto cómo sus salarios se han reducido de media en más de un 32%, desde que se iniciara la política de austeridad y recortes en la Administración.
A pesar de todo esto, UITA defiende que tendría que ser la mesa de negociación la que debería negociar ese 5%, para valorar la verdadera repercusión sobre los salarios de los trabajadores y no intentar, como al parecer se pretende, seguir realizando recortes parciales, sin que existan las mínimas garantías de que esta situación de precariedad no se siga produciendo en los próximos meses; sobre todo y teniendo en cuenta, que según el propio Consejero de Economía, José Sánchez Maldonado ha declarado recientemente «las previsiones para 2014 apuntan a un crecimiento del 1,2%«.
García Quílez se explaya en su exposición y arremete contra UITA
El abogado asesor del SAE, Carlos García Quílez, –asesor también en los despidos de los ALPES que ahora el Tribunal Supremo ha declarado nulos y en el caso Invercaria– intervino en la reunión, en primer lugar, para expresar la contrariedad de la empresa por no haber alcanzado un acuerdo el banco social, –al haber UITA designado a 7 miembros– respecto a la representatividad y composición de la mesa. Desde UITA ya se había manifestado que la intención de la empresa era, como así ha sucedido, retrasar cualquier procedimiento o medida que enturbiara el proceso electoral por lo que no puede aceptarse esta afirmación del todo punto incierta. Sobre todo, cuando la Dirección General de Trabajo, como órgano competente, ha facilitado un certificado en el que se expresa la situación de los distintos comités provinciales y de donde se puede deducir la representatividad de las fuerzas sindicales y por ende la composición de la mesa.
Al mismo tiempo, García Quílez expresó las verdaderas intenciones de la empresa sobre la plantilla y que se resumen en seguir deteriorando las condiciones del personal propio, despreciando una vez más sus capacidades, su experiencia y sus conocimientos en materia de empleo. Este planteamiento no se entiende por parte de la sección sindical de UITA toda vez que esta plantilla lleva trabajando en el SAE y en temas de empleo, en un importante número de casos, desde hace más de diez años. Por eso, cuando la Junta de Andalucía está lanzando programas y medidas tendentes en teoría a mejorar la situación de las personas desempleadas en Andalucía, es difícilmente comprensible que la dirección-gerencia,–que ocupa el que fuera ex alto cargo de ADIF, Antonio González Marín–, y la Secretaria General del SAE, María Luz Fernández, mantengan esta política hacia la plantilla, no dedicando adecuadamente los recursos humanos de los que dispone a la mejor implantación y desarrollo de estos programas y perjudicando con ello al conjunto de la ciudadanía.
