El sindicato UITA se ha reunido este martes 21 de mayo con el nuevo director general del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), Juan Carlos González, para trasladarle la situación de abandono por parte de la administración respecto a la formación continua de las empleadas y empleados públicos del sector instrumental de la Junta de Andalucía desde hace ya ocho años.
Durante el encuentro, UITA ha expresado al director general la preocupación por la nueva paralización de los convenios específicos que supuestamente iban a amparar la formación del personal laboral propio; en la mayoría de los casos, las entidades no cuentan ni siquiera con un plan de formación aprobado y eso supone que se está minando el ejercicio del derecho de los trabajadores y se está incumpliendo la obligación de las entidades empleadoras de ofrecer esa formación.
Y es que a lo largo de estos ocho años, la aportación de las plantillas como las de AGAPA o SAE a la formación mediante las cuotas correspondientes detraidas de las nóminas, puede superar el millón de euros, una cantidad que no se está destinando a la formación de estos profesionales en ningún caso, ya que ni pueden acceder a los cursos ofertados por el IAAP ni a los de formación continua que se gestionan a nivel estatal.
Juan Carlos González ha explicado, en primer lugar, que la distribución de las aportaciones no corresponde al Instituto y que la realidad es que al no recibir fondos para financiar la formación del personal propio del sector instrumental no puede dar cobertura, si bien ha aclarado que, en caso de que esto se resuelva, su disposición es la de dar respuesta a esta necesidad. Si bien el director ha resaltado que desde su departamento no se va a tomar ninguna medida hasta que el Gobierno andaluz no adopte una decisión clara y definitiva sobre el sector instrumental.
UITA por su parte le ha trasladado que las cuestiones de gestión de los fondos destinados a la formación, su distribución o asignación adecuada en función del número de trabajadores (más de 25.000 en el caso de Andalucía y su sector público instrumental), no es algo que deban resolver ni los sindicatos ni los trabajadores, sino que compete a la administración como empleadora dar cumplimiento a esta obligación. Los representantes del sindicato han destacado que la formación y cualificación del personal tiene gran importancia tanto para el desarrollo adecuado de sus funciones y carrera profesional como para garantizar unas condiciones de igualdad en cualquier proceso en el que se requiera y valore la formación.
