La “chapuza” del despido de los trabajadores y trabajadoras de los Consorcios UTEDLT ha terminado felizmente para el personal que prestaba servicio tanto en los ayuntamientos como en el Servicio Andaluz de Empleo y que cesó en sus funciones a partir de la entrada en vigor de la ley de reordenación del sector público andaluz. Sin embargo, ha generado un problema grave a la secretaria general de SAE, Mª Luz Fernández, tanto a nivel presupuestario como de organización.
El reguero de sentencias favorables a orientadores, promotores y los conocidos ALPES pone en evidencia la gestión de quien en 2012 ocupaba la coordinación de planificación y desarrollo normativo en el SAE y desde 2014, con el Gobierno de Susana Díaz, ocupa la secretaría general de este organismo.
Por el momento, y hasta donde se puede conocer, son 27 millones de euros en capítulo de personal, —aprobados por el Consejo de Gobierno del martes 26 de mayo–, a los que habría que sumar los costes del despido y del asesoramiento jurídico externo que el SAE contrató para articular esta maniobra, que saldrán del bolsillo de los andaluces.
Este sindicato ha podido saber que la secretaria general ya ha dado instrucciones a las direcciones provinciales sobre cómo proceder en la incorporación de este personal a las distintas provincias. Deberán, teniendo en cuenta la antigüedad de la sentencia individual de readmisión, las titulaciones y la experiencia, dar a escoger entre los distintos puestos que se ofrezcan por parte de las secretarías provinciales. Desde UITA, debemos manifestar nuestra frontal oposición a este procedimiento. Primero, porque se está produciendo totalmente al margen de los órganos de representación de los trabajadores con quienes la empresa tiene obligación de negociar e informar. Y segundo, porque esto es lo que llevamos solicitando a los responsables del SAE desde hace más de dos años para poder facilitar la movilidad voluntaria de los empleados y empleadas del SAE que tienen problemas de conciliación familiar, personal y laboral.
La gestión de los recursos humanos no puede haber sido menos efectiva para los intereses de la ciudadanía, que son en última instancia los más perjudicados en los servicios que se le prestan desde el servicio público de empleo de Andalucía.
Las decisiones que se han ido adoptando han perjudicado gravemente también a la plantilla que ha sufrido la discrecionalidad y la falta de planificación y capacidad de organización de la actual dirección del SAE. El desconcierto y la ausencia de liderazgo son palabras claves en estos últimos tres años de un organismo que hace una década fue referencia a nivel nacional y europeo en cuanto a funcionamiento, iniciativas y programas de empleo.
Hoy, nos encontramos con un SAE sumido entre recursos e investigaciones, que es incapaz de poner en marcha sus programas o hacerlo al menos con la diligencia y calidad que se le presuponen. La incorporación ahora de nuevo personal debería ser una oportunidad para reorganizar servicios y funcionamiento, ya que todo profesional es poco para luchar contra el desempleo en nuestra comunidad, pero siempre teniendo presente el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del SAE y unas condiciones laborales dignas, ya que las actuales distan mucho del empleo de calidad que tiempo atrás defendía esta administración.
La plantilla del SAE ha visto mermados sus salarios en más de un 30%; no recibe formación por parte de la empresa desde hace tres años; adolece de un plan de prevención de riesgos; no cuenta con un plan de igualdad en la empresa; la interlocución con los representantes de los trabajadores es nula; no hay opciones siquiera para negociar pactos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y cualquier posibilidad de promoción o desarrollo de una carrera profesional es inexistente por mencionar algunos hechos.
Está claro que el Servicio Andaluz de Empleo necesita un cambio radical en su orientación y dirección de forma que quienes estén al frente de este servicio público sean capaces de sacar el máximo rendimiento al capital humano con el que cuenta, en beneficio de la ciudadanía, dejando a un lado los temores, los miedos y la dudas que atenazan a los actuales responsables.
