Amate manifestó en diversos medios que “el personal procedente de la FAFFE tenía unas condiciones laborales que había que respetar de la empresa de la que venían y es la que permite un mayor juego a la hora de cumplir con ese plan de viabilidad. El resto de personal laboral, es cierto, que ya han sufrido bastante las consecuencias de la crisis”.
Las palabras ofrecidas por el director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andaucía, José Antonio Amate, en diversos medios de comunicación, en relación al proceso de negociación abierto por la Agencia para adoptar nuevas medidas de ajuste sobre los trabajadores de la Agencia SAE, no han sentado muy bien a la plantilla.
Tal y como respondió la presidenta del Comité de Empresa de Sevilla, Eva Navarrete, ésta se ha mostrado “indignada” por una nueva agresión hacia sus condiciones laborales y, sobre todo, porque las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por la Junta están encaminadas a «precarizar un servicio público esencial responsable de dar respuesta al millón y medio de desempleados de Andalucía», algo que en estos momentos la ciudadanía no puede permitir.
Hay que recordar que en Andalucía el número de efectivos públicos dedicados al empleo, en proporción al número de desempleados nos coloca en la última posición de la Unión Europea y en relación también al resto de las Comunidades Autónomas. De hecho, conforme a los datos registrados por el SEPE, Andalucía tenía a finales de 2010 una ratio de 1,37 efectivos en su servicio público de empleo autonómico por cada mil personas desempleadas, frente por ejemplo a otras comunidades como Navarra, Extremadura, Castilla y León o Principado de Asturias, que se situaban por encima de 4,5 efectivos por cada mil desempleados.
Es importante que la Junta aclare sus intenciones respecto a qué pretende hacer con el Servicio Público de Empleo con objeto de mejorar siempre los servicios que se puedan prestar a la ciudadanía, especialmente en estos momentos en los que Andalucía va a recibir «más de 2700 millones de euros para políticas de empleo».
Desde UITA apoyamos la respuesta dada por la presidenta del Comité de Sevilla, que fue recogida por diversos medios, (Europa Press, Diario de Sevilla, Andalucia 8tv, Europa Sur), y en la que se pone de manifiesto claramente que “la plantilla ya ha sufrido una reducción salarial por encima del 32% en dos años, por encima de la media de los demás empleados públicos, lo que ha provocado que un porcentaje cada vez más alto de trabajadores no alcance siquiera los 1.000 euros mensuales, a pesar de que el 75% de la plantilla son licenciados y tienen, en muchos casos también, más de ocho años de experiencia en empleo”.
En este sentido, creemos necesario que el director general rectifique sus declaraciones y que antes de adoptar cualquier medida, se informe sobre cuál es la situación de la plantilla después de dos años de duros ajustes económicos, que quizás desconozca por no ser su competencia la gestión de recursos humanos, –la Secretaria General del SAE, María Luz Fernández es quien tiene atribuidas estas funciones– y el poco tiempo que lleva al frente de esta órgano directivo.
Pero más necesario es aún que el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado declare de una vez cuál es su compromiso con el empleo y con la prestación de un servicio público de calidad a los desempleados andaluces.
Escucha las declaraciones del Director General de Políticas Activas de Empleo, José Antonio Amate.
