UITA, y demás sindicatos mayoritarios en el comité de empresa, plantan a la empresa en una reunión convocada in extremis por la gerente del SAE, Victoria Martín-Lomeña, a la que ha enviado al jefe de servicio de recursos humanos, tras la información publicada hoy por el diario ABC en la que ofrece una versión torticera y muy alejada de la realidad sobre la situación de estos trabajadores.
La Junta de Andalucía ha aprovechado el revuelo sobre el cuestionamiento de la titulación del Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, –quien falseó sus méritos académicos al dar por oficial un título obtenido en la Universidad de Nueva Gales del Sur a través del centro privado CEADE, que nunca ha sido homologado por el Ministerio–, enturbiando el proceso de estabilización de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Empleo y poniendo el foco sobre la supuesta falta de titulación de 23 trabajadores que concurrieron a este proceso que finalizó en junio de 2024.
El diario ABC ha publicado la pasada semana un relato de la realidad falseado, que no solo contiene acusaciones graves contra los trabajadores afectados, afirmando que carecen de ninguna titulación para ocupar el puesto que desempeñan, sino a los que también llama “enchufados”, sin conocer siquiera los nombres de las personas afectadas ni haber sobre ellas confirmación de que exista relación directa y consecuente entre el contrato y una posible relación con el PSOE, en una clara política de descrédito hacia estos trabajadores y trabajadoras. Además este periódico que da lecciones continuamente de su buen hacer, en ningún momento se ha puesto en contacto ni con los afectados ni con su comité de empresa para contrastar la información.
ABC presenta a la Consejería de Empleo como actor inocente que ha descubierto por casualidad esta situación, cuando lo cierto es que esta decisión podría perfectamente ser tildada de “prevaricación” de todos los responsables de la Consejería y el SAE, desde la viceconsejera de Empleo, Beatriz Barranco a la directora gerente, Victoría Martín-Lomeña, el secretario general del SAE, Adolfo Piña y la coordinadora Inés María Cruz, por no mencionar al conjunto de funcionarios que han participado en el proceso de selección, formando parte de la comisiones evaluadoras; con la decisión de retrotraer los actos, todos ellos habrían demostrado no prestar la debida diligencia en sus actuaciones y las resoluciones dictadas hasta la publicación de la lista definitiva de personas adjudicatarias el pasado 4 de junio de 2024.
La Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla justifica su decisión en la “falta de titulación para el desempeño de sus funciones” y se ampara en un informe del Consejo Consultivo que precisamente le dice al SAE que no procede la revisión de oficio de la resolución firmada en su día por la propia viceconsejera de Empleo, adjudicando a estos trabajadores las plazas a las que habían concurrido por cumplir y acreditar los méritos requeridos. Cabe recordar que estos trabajadores fueron contratados para realizar unas serie de tareas cuyo cumplimiento no se ha cuestionado en todos estos años, asignando incluso a algunos de ellos tareas de responsabilidad en estos últimos seis años ya con el gobierno del PP..
Los contratos originales de estas personas, muy anteriores al proceso de disolución de FAFFE e integración en el SAE, fueron válidos en el momento de sus contrataciones conforme al convenio colectivo de aplicación, aún vigente, y entre las distintas categorías profesionales no se establecen requisitos de titulación para los puestos que ocupan, por lo que ha sido el SAE el que en un mal encuadramiento en la convocatoria de estabilización, ha conducido a estos trabajadores a una situación imposible de resolver, obligándoles a concurrir a unas plazas, aún sabiendo que no reunían los requisitos exigidos e impidiéndoles presentarse a aquellas que por categorías y titulación les hubiera permitido la consolidación del puesto tras más de 15 de años de servicios.
De los 23 trabajadores, 12 administrativos y 11 técnicos, de media cobran un sueldo muy por debajo del salario medio bruto en España para 2025; entre ellos, además, hay 3 personas con discapacidad que en ningún momento, ni antes ni durante el proceso, han sido informados debidamente por la empresa acerca del riesgo que enfrentaban al presentarse a este proceso. Tampoco los demás trabajadores, quienes en el momento de presentación de solicitudes no fueron requeridos o excluidos del proceso, a pesar de que es la empresa quien admite o rechaza en esa fase inicial del proceso a los candidatos en base a la documentación e información que obra en su poder por ser empleados de la Agencia desde 2011. Estas personas fueron admitidas y su documentación fue valorada por las distintas comisiones constituidas y conformadas por funcionarios de la Consejería de Empleo, sin que en ningún momento a lo largo de todo el proceso, que se inició en diciembre de 2022, se haya identificado obstáculo legal alguno para que continuaran en el camino de la estabilización.
El sindicato UITA defiende la legalidad de los contratos ya que se trata de trabajadores que se incorporaron conforme a lo previsto en el Protocolo de integración, que ha sido considerado plenamente legal y avalado por el Tribunal Supremo, con sus mismas condiciones laborales, sin que ningún cambio posterior como resultado de la subrogación pueda alterar estas condiciones laborales de origen: si les contrataron con unos requisitos (titulación u otro) y en una categoría, ahora no pueden requerirles, 15 años después, otros requisitos para el mismos puesto que desempeñan. El SAE ha utilizado las categorías de los convenios en cada caso de aplicación, pero exige unos requisitos distintos a los previstos en estos convenios. Cabe además señalar que ninguno de estos trabajadores ha sido cuestionado ni consta infracción o expediente alguno contra ellos por el cumplimiento de las funciones y tareas que le han sido encomendadas por el SAE en todos estos años, de donde se puede deducir que han respondido de forma satisfactoria a las instrucciones que en cada momento la empresa les ha exigido.
El SAE, hasta donde este sindicato conoce, no cuenta además con ningún informe preceptivo y vinculante que les permita actuar de la forma pretendida, y a juicio de UITA ha actuado de mala fe, al no informar debidamente ni a los sindicatos ni a los propios trabajadores, aprovechar el inicio del período vacacional y utilizar la maquinaria mediática a su servicio en pleno cuestionamiento de la capacidad del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla para continuar en el puesto, tras haberse descubierto que maquilló su currículum antes de llegar y consolidar la presidencia.
