UITA solicita que se estabilice a los trabajadores a través de la figura del «indefinido a extinguir»
UITA ha solicitado de forma oficial, tanto al Gobierno andaluz, como a los grupos parlamentarios (PSOE, Podemos, Vox, PP y Ciudadanos) excluir de los procesos de consolidación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria (OEPE), diseñados hasta la fecha para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, al personal laboral propio de las entidades instrumentales que se encuentran en abuso de temporalidad y otorgar a éstos la consideración de indefinidos a extinguir, tal como ha sido diseñada por nuestra jurisprudencia y se ha puesto en práctica ya en otras comunidades autónomas.
Esta petición viene avalada por un informe elaborado ad hoc por dos prestigiosos catedráticos de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia, Remedios Roquetas y José María Goerlich, quienes a petición de UITA han elaborado un dictamen después de un análisis detallado, pormenorizado y exhaustivo de la realidad de las relaciones laborales en el sector público andaluz. En dicho dictamen se propone como solución el reconocimiento de ese personal afectado por la OEPE como indefinidos a extinguir como un proceso excepcional y de culminación de la reordenación iniciada en 2011. Desde UITA entendemos que “abordar una nueva reordenación, como la que ya se está iniciando con la creación de la Agencia Digital de Andalucía o TRADE, sin solventar los problemas laborales de los trabajadores, es cuanto menos perpetuar o agravar más la situación de esta plantilla que no ha tenido otra opción que ir al Juzgado para regularizar su situación. Es necesario establecer un punto cero y finalizar con la reordenación que se inició hace diez años antes de empezar otra”, afirmaba el presidente de UITA, Antonio Alex.
Negociaciones con el Gobierno y grupos parlamentarios
Desde UITA, llevamos varios meses negociando con la Secretaría de Regeneración, Racionalización y Transparencia, competente y responsable del personal de los entes instrumentales de la Junta, una salida jurídica para solventar la problemática creada con una futura OEPE en el sector instrumental. La sintonía y el interés por llegar a un acuerdo se ha manifestado en las tres reuniones mantenidas tanto a nivel técnico como con la secretaria de esta área, Nuria Gómez.
Por su parte, durante esta semana, hemos tenido una primera ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Tanto PSOE, Podemos como VOX apuestan por esta figura por la seguridad jurídica que tiene tal como se ha demostrado en procesos similares en otras comunidades autónomas. El PP se mostró dispuesto a dialogar esta petición siempre que dicha iniciativa sea avalada por el Gobierno andaluz.
En dichos encuentros se han puesto en evidencia los riesgos y amenazas de no buscar una “solución excepcional” a esta situación; riesgos como la pérdida de capital humano, con competencias, experiencia, cualificación y conocimiento de la actividad desarrollada; disminución de la calidad y eficiencia en los servicios que se prestan a la ciudadanía, de especial relevancia e interés económico y social; el elevado coste económico por las posibles indemnizaciones pero también por el coste de los recursos dedicados por la administración ante una más que segura judicialización de todo el proceso y por último el enorme impacto personal y social sobre los trabajadores, ya que la media de edad supera los 45 años con cargas familiares y altamente feminizada.
Desde UITA valoramos muy positivamente estos encuentros, ya que “hemos hallado sensibilidad y comprensión entre los distintos partidos a la realidad del colectivo”, comentaba el presidente. A partir de este momento, UITA continuará con otra ronda de contactos con los directores/as- Gerentes de las agencias más afectadas (fundamentalmente SAE, ASSDA, Amaya, Veiasa, entre otras) al objeto de informar del dictamen y pedirles su colaboración para que esta propuesta sea una realidad.
Una carrera de fondo
Desde que se anunciara el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO y el gobierno en 2017, UITA ha trabajado en la búsqueda de una solución para el personal laboral propio, ya que aunque compartimos el carácter abusivo de nuestra temporalidad con otros colectivos afectados, este personal tiene peculiaridades y un marco legal distinto que entendíamos que precisaba de un estudio específico y una salida adecuada a sus circunstancias.
Pero no ha sido nuestra única acción. Desde el inicio comenzamos con manifestaciones a las puertas de Función Pública porque entendíamos que nuestros problemas debían debatirse en una mesa propia de negociación donde estuvieran los representantes de las agencias y no en la Mesa General de Negociación de la Junta. Asimismo, tuvimos presencia en otras protestas organizadas por colectivos de diversa índole. A esta acción también se une la creación del grupo de trabajo NO a la OEPE que realizó un amplio informe sobre la realidad y la evolución jurídica de las agencias tras la Ley de Reestructuración de 2011 y que ha servido de base para que los expertos valencianos hayan podido entender la difícil trayectoria del sector instrumental andaluz.
