El jueves por la tarde, la secretaria general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Mª Luz Fernández, a instancias del gerente del SAE, Antonio González, contactó con el Presidente de UITA, Antonio Alex, para convocarlo a una reunión en la que tratar “asuntos de personal”.
A dicha reunión, celebrada el viernes a última hora de la mañana, acudieron además de las personas arriba indicadas, dos delegadas de UITA en el SAE, Regla Jiménez y Eva B. Navarrete, el director general de Políticas Activas de Empleo, José Antonio Amate y una tercera persona que al término de la reunión se indentificó como Carlos García-Quilez, abogado.
En la reunión se informó por la empresa de la intención de iniciar un período de consultas, de 15 días conforme establece el Estatuto de los Trabajadores, para abordar una serie de medidas relacionadas con la plantilla, con el objetivo de realizar el ajuste presupuestario impuesto, según palabras del gerente, por Hacienda de 4,1 millones de euros en capítulo 1 de personal. Las medidas estarían enfocadas a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, movilidad geográfica y funcional y revisión de las categorías profesionales contempladas en el vigente convenio colectivo.
Desde UITA se interpeló al gerente sobre si estas medidas eran adicionales a la ya efectuadas, y además se puso de manifiesto que eran contrarias a las declaraciones realizadas por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre no “realizar ningún otro recorte salarial a los empleados públicos”. El gerente confirmó esta posición e indicó que hay una necesidad presupuestaria y que “Hacienda no da ningún tipo de margen”, con lo que desde UITA ponemos en duda que la empresa tenga intención alguna y real de negociar nada, sino de aplicar nuevas medidas que mermen aún más las condiciones laborales del personal propio de la Agencia.
Sobre la necesidad de adaptar los recursos, las delegadas de UITA en SAE recordaron al gerente que “hace tan sólo seis meses se puso sobre la mesa un documento de reorganización de la plantilla”, que se presentó por la empresa como el resultado de un “profundo estudio de las necesidades del SAE y una adaptación a la nueva realidad competencial tras la marcha de formación y autónomos” y que incluía, en el caso de servicios centrales la creación de toda una estructura, con unidades, áreas y equipos, en la que se describían claramente las funciones y se adscribía a todo el mundo en base a sus perfiles y experiencia; en el caso de delegación, este mismo proceso se había implantado también de forma gradual hasta la actual configuración, por lo que “no se entendía este cambio radical tan sólo seis meses después”.
Las delegadas también preguntaron sobre el alcance de la movilidad geográfica y el impacto que esto puede tener sobre la plantilla. El gerente dio a entender que lo que planteaban eran movilidades voluntarias y, en su caso, “se estudiaría algún tipo de incentivo”. Desde UITA no entendemos que durante meses se haya negado esta posibilidad a los trabajadores que lo han solicitado y sólo ahora, cuando existe el interés de la empresa, se plantea esta opción, habiendo obviado en todo momento la empresa la situación de las personas que tenían problemas para conciliación familiar y laboral e incluso económicos y que nunca habían tenido respuesta. La reunión finalizó quedando pendiente la comunicación oficial de las pretensiones de la empresa y del inicio del período de consultas.
