Como ya había adelantado el sindicato UITA, a través de su página web, www.uita.es, los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 contemplaban en los últimos borradores el mantenimiento de todos los recortes, incluida la reducción del 5% de la masa salarial equivalente a las pagas extras de funcionarios y laborales del VI convenio, sólo para los empleados públicos que no pertenecen a estos cuerpos y que prestan servicio en los entes instrumentales, en contra de las declaraciones que la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había venido realizando en estas últimas semanas. Este hecho había motivado la denuncia pública por parte de UITA de este agravio, a la que se sumaron las declaraciones de otras fuerzas sindicales.
Ayer mismo, la presidenta de la Junta realizaba unas declaraciones en las que decía no entender “la polémica suscitada estos días” puesto que, según sus propias palabras, “siempre me referí a que todos los empleados públicos recuperarían sus salarios”. Sin embargo no era esto lo que decían los borradores de presupuesto y de ahí la denuncia y la indignación de los trabajadores a los que UITA representa. Hoy mismo, en la portal de noticias de la Junta de Andalucía, se destaca que “la medida (adoptada por Díaz) se suma al compromiso de la presidenta de la Junta para que los funcionarios recuperen el abono íntegro de las pagas extra a partir de 2015”, luego queda claro que de inicio no estaba previsto y ha sido la reclamación de UITA y de los empleados y empleadas afectados, lo que ha propiciado esta reacción. O eso, o la presidenta desconocía las intenciones de los responsables de dichos entes instrumentales de mantener la reducción salarial del 5%.
Es por ello que UITA ha remitido una carta a los responsables de las Agencias (AGAPA, AMAYA y SAE) recordándoles que el Tribunal Supremo ha avalado los protocolos de integración diseñados y aprobados por la Junta de Andalucía tras la Ley de reordenación del sector público y ha reconocido que el personal integrado es empleado público de pleno derecho. En declaraciones del presidente de este sindicato, Antonio Alex, “es necesario que la Junta sea coherente con sus propios planteamientos y, ofrezca el mismo trato a todos los trabajadores; más aún teniendo en cuenta que este colectivo ha sido y continúa siendo uno de los más perjudicados del sector”. Y no sólo, recuerda Alex, “por los duros ajustes salariales sufridos”, — reducción del 10% de jornada y salario, reducción del 5% de la masa salarial, ostensible minoración del complemento de antigüedad, eliminación de toda la acción social y supresión de la productividad, esta última mantenida por funcionarios y laborales del VI convenio–, sino por “la continua campaña de acoso que contra ellos han mantenido otros sindicatos, partidos políticos, asociaciones y medios de comunicación, que han atacado de forma impune la profesionalidad de estos trabajadores y trabajadoras”.
Por todo ello reclaman al viceconsejero de Economía y presidente del SAE, Luis Nieto, a la Consejera de Agricultura y presidenta de AGAPA, Antonia Víboras y a la titular de Medio Ambiente y de AMAYA, María Jesús Serrano que “no permitan nuevos atropellos y actúen con ecuanimidad, aplicando el principio básico de no discriminación entre sus propios trabajadores”, y piden la restitución de sus derechos, incluida la recuperación del 10% de jornada y salario que se aplica a eventuales y en el caso del SAE a toda la plantilla. En este último organismo, recuerda Alex “la situación aún es más grave si se tiene en cuenta que se está aplicando a todo el personal, indefinido y temporal, que una gran parte de la plantilla se encuentra en situación de fraude de ley contractual y que se está bajo la amenaza constante de nuevos recortes y pérdida de derechos”.
UITA pide a la presidenta de la Junta que complete de una vez el proceso de integración y defienda el marco de la reordenación del sector público que su gobierno diseñó, poniendo fin a las diferencias entre trabajadores y apostando por el inicio de las negociaciones para el convenio marco que la Ley de reordenación preveía para todo el sector instrumental de la Junta de Andalucía.
Desde el sindicato UITA se ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, al objeto de pedir explicaciones “sobre lo que es a todas luces una grave discriminación hacia estos empleados públicos de la Junta de Andalucía” y a la presidenta de la Junta, para abrir una línea de diálogo y negociación que permita avanzar en el proceso de integración en igualdad.
