Los poco más de mil empleados públicos que se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo tras la Ley de reordenación del sector público en Andalucía continúan sufriendo los duros ajustes impuestos por el Gobierno de la Junta en el ámbito de la administración pública, y de forma más gravosa que en el resto de agencias y entidades del sector
Desde el sindicato UITA se recuerda a la presidenta de la Junta de Andalucía, que a estos empleados, la actual secretaria general del SAE, María Luz Fernández, decidió aplicar de forma injusta y arbitraria la reducción de jornada y salario del 10%, “ya que se ha realizado a toda la plantilla, independientemente de si su contrato era indefinido o temporal, cuando la Ley sólo lo contemplaba para temporales o interinos”, una situación muy grave, según el presidente de UITA, Antonio Alex, «si se tiene en cuenta que la mayoría de la plantilla está con contratos de obra o servicio cuando deberían haber sido transformados y reconocidos hace años como indefinidos y por tanto no deberían haberse visto afectados». Alex ha manifestado también que “no entendemos cómo a pesar de los signos de mejoría que se venden por parte de los responsables de la Junta y de otras administraciones, los empleados de las agencias tengamos que soportar esta reducción económica, siendo la única comunidad autónoma en toda España que sigue sufriendo severos recortes entre sus empleados públicos, ya que Cataluña hace unos días aprobó la recuperación de su paga extra y la jornada completa de sus interinos y eventuales”.
Además, desde UITA se piden explicaciones sobre porqué “existiendo necesidades de personal para atender al millón de desempleados que existen en Andalucía, se mantiene esta medida, toda vez que los programas de empleo puestos en marcha por la Junta y por el Ministerio, –como el Programa de Activación para el Empleo–requieren de una importante dotación de personal con experiencia y conocimiento en materia de empleo, como es el caso del personal integrado en el SAE”. “Aún no sabemos cómo va a responder el SAE respecto a las obligaciones que se derivan de ese programa o qué medidas va a desarrollar para implantar la Garantía Juvenil en Andalucía, pero seguro que esto pasa por disponer, en primer lugar, de una plantilla bien dotada, no infrautilizada y desde luego a tiempo completo” ha explicado el presidente de UITA.
UITA reclama la reposición de todos los derechos, especialmente el restablecimiento de la jornada, pero también que la presidenta Susana Díaz, ponga fin a las situación de discriminación que viven estos empleados con respecto al resto de los trabajadores del sector público andaluz: “no sólo sufrimos los mismos ajustes, sino que además, se nos discrimina en el acceso a la formación, en la posibilidad de cualquier tipo de promoción o desarrollo de una carrera profesional y nadie nos defiende cuando la prensa y otros colectivos nos atacan”. UITA exige que la presidenta “culmine el proceso de reordenación y no convierta a la Junta en un sociedad estamental, con trabajadores de primera y segunda o, incluso, tercera categoría”, integrando definitivamente y como personas trabajadoras de pleno derecho a estos empleados públicos en la estructura y principios organizativos de la Junta de Andalucía.
