Según anunció ayer en Comisión la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, el Tribunal Constitucional ha desestimado en su totalidad el recurso planteado por el Partido Popular contra la Ley de Reordenación del Sector Público en Andalucía.
El Alto Tribunal considera, según la nota de Europa Sur, que ni la Ley es «un atentado» contra los derechos de los funcionarios y ni un «ataque brutal» al Estatuto de Andalucía, como han proclamado tanto este grupo político como otras organizaciones sindicales y medios de comunicación, contribuyendo con ello a la creación de un estado de opinión contrario a los empleados públicos del sector instrumental de la Junta de Andalucía.
El clima de agresividad y las continuas fricciones entre colectivos derivadas de las campañas emprendidas por algunos sectores contra el personal propio de agencias y entidades instrumentales; los continuos agravios y el trato recibido por estos trabajadores especialmente dentro de algunas Agencias, devienen una vez más sin argumentos. Y esto no sólo ha perjudicado a las personas afectadas directamente sino que ha dificultado el mejor funcionamiento de estos organismos.
Desde UITA hemos denunciado y reclamado públicamente una rectificación de quienes han contribuido durante todo este tiempo a dañar y agraviar la imagen de estos empleados y empleadas, y así lo hemos trasladado a todos los grupos políticos para que cesen estos ataques. La mejor respuesta que la Junta de Andalucía puede ofrecer ahora es sin duda culminar este proceso de integración, reconociendo la profesionalidad de estos trabajadores y su contribución a los servicios públicos.
En este sentido, UITA continúa su ronda permanente de encuentros con los responsables de las distintas Agencias para avanzar en las condiciones laborales de las distintas plantillas, –este próximo lunes UITA se reunirá con la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, Antonia Moro y previamente se reunió con el viceconsejero de Agricultura y Pesca , Ricardo Domínguez–, buscando el impulso del convenio marco; el diálogo y la participación de estos empleados y sus representantes en la toma de decisiones; abogando por la transparencia y el acceso a toda la información que afecte a este colectivo y el avance en el desarrollo y ejecución de los protocolos y estatutos de las agencias, –contratos de gestión, catálogos de puestos etc…–.
