El sindicato UITA ha iniciado una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exigir que cesen los ataques contra el personal laboral propio de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo y en general, contra todos los empleados públicos de las Agencias de la Junta, después de que los portavoces de los distintos grupos dirigiesen muy graves e infundadas acusaciones contra estos trabajadores, en el último pleno del Parlamento en el que se sometía a votación el Decreto-Ley 1/2016, que incluía en disposición adicional la definición de determinadas funciones para el personal laboral prpopio de la Agencia SAE.
Hoy se ha publicado en BOJA el Decreto-ley 2/2016 por el que se regulan los programas de empleo puestos en marcha por la Junta, en el segundo intento del Gobierno de obtener el respaldo de los grupos parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa, pero el texto se ha hecho público sin la mencionada disposición adicional.
La tormenta de declaraciones realizadas por los portavoces de los grupos en el pleno del Parlamento y del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en distintos medios de comunicación, tildando de «enchufados» a estos empleados y acusándolos de «cobrar sin trabajar», ha provocado la reacción del sindicato de las Agencias que recuerda que estos trabajadores tienen la condición de empleado público, como ratificó en su momento el Tribunal Supremo al avalar los protocolos de integración, y como tales han de ser reconocidos y están trabajando. De continuar en esta línea, el sindicato estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes realizan estas declaraciones por considerarlas calumniosas e injuriosas, al atentar contra la dingidad, el honor y la credibilidad de este colectivo.
UITA ha mantenido esta semana un encuentro con el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, y con Jesús Romero, de Podemos. A ambos se les ha exigido respeto por parte de sus grupos hacia este colectivo y se les ha invitado a conocer de primera mano la labor que realizan estos trabajadores en el SAE, atendiendo día a día a las personas desempleadas, a través de las unidades de orientación o las zonas TICS y apoyando a las empresas en materia de contratación, entre otras funciones. Ninguna de estas es potestad administrativa o pública; pero tampoco lo son las relacionadas con la inscripción o la gestión de ofertas ya que no puede ser nunca una potestad pública aquella actividad que puede ser externalizada o privatizada, como es el caso de las agencias de colocación, que realizan igualmente tareas de intermediación y que según ha informado el propio consejero de Empleo, José Antonio Sánchez Maldondado, este año recibirán 6,37 millones de euros del presupuesto destinado a políticas activas de empleo en Andalucía. La próxima semana se continuará con estos encuentros.
Declaraciones de Eva Navarrete, vicepresidenta de UITA en Cadena Ser (minuto 2:04 al 2:52)
