El TSJA fija para también para el día 28 de junio los juicios para recuperar la productividad y la prevención de riesgos laborales.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sede en Sevilla ha fijado para el próximo 7 de junio la celebración del juicio por el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato UITA para recuperar la formación interna de los trabajadores de la Agencia SAE, un derecho del que no disfrutamos desde el año 2012.
Desde la llegada de UITA al SAE (en 2013) se ha reclamado, en cada una de las reuniones que ha tenido el sindicato con la dirección del SAE, la puesta en marcha de un plan de formación interna para sus trabajadores tal como se refleja en el artículo 31 del convenio de FAFFE y como corresponde conforme al Estatuto de los Trabajadores. Posteriormente, y con la modificación de los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP) que abría la puerta a dar formación a personal de agencia (hasta el momento solamente la disfrutaban el personal funcionario y laboral del VI Convenio de la Junta de Andalucía), las peticiones del sindicato se centraron en la firma de un convenio con el IAPP para poder disfrutar de la formación que anualmente se ofrece al resto de empleados públicos.
Desde esa modificación en 2014, se han sucedido algunas reuniones con el IAPP que se ha mostrado receptivo a esta petición siempre que se solvente el problema económico, ya que supondría que las cuotas detraídas mensualmente de las nóminas fueran destinadas al IAPP y no a la Tesorería General de Seguridad Social de la que se nutre la Fundación Tripartita para gestionar la formación del grueso de los trabajadores del sector privado, tal y como ocurre en la actualidad.
Tras la falta de resultados y de interés por parte de la dirección del SAE para cumplir con sus obligaciones y facilitar dicha formación a gran parte de su plantilla, presentamos una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que nos instó a denunciar, por la vía judicial, este incumplimiento de derecho.
Desde UITA no entendemos la falta de interés del SAE por solucionar este problema cuando es un derecho de los trabajadores pero también una obligación de la empresa de «desarrollar las competencias profesionales de los empleados públiucos y su carrera profesional, así como fomentar la creación de conocimiento compartido que nos permita afrontar de modo innovador los retos de una Administración en constante cambio».
Un caso claro de discriminación
Además de incumplir los establecido en el Estatuto de los Trabajadores, con la actitud mantenida por la empresa hasta ahora, se está produciendo una clara discriminación entre los empleados públicos de la Agencia, de suerte que entre quienes precisan de una formación específica para el desempeño de su trabajo unos pueden acceder a esa formación y otros no, como ha sucedido por ejemplo con los cursos de GIRO o de PID@ y Transparencia, con lo que se vuelve a establecer un doble rasero que penaliza nuevamente a los trabajadores integrados en virtud de la Ley de reordenación del sector público, supuestamente integradora. La situación es tan caótica y falta de coherencia que son ya numerosos los casos en los que los trabajadores se han inscrito en los cursos, incluso han pagado las tasas correspondientes y luego se les ha denegado el acceso a la formación o no se les ha reconocido con el correspondiente certificado.
Productividad y PRL
El Tribunal también ha fijado los juicios para recuperar la productividad y el derecho a la Prevención de Riesgos Laborales para el próximo 28 de junio en Málaga. En cuanto a la productividad, tal como se ha hecho con el complemento de antigüedad o el seguro colectivo, se ha argumentado que era un derecho adquirido en nuestro convenio que fue suprimido por la «Ley de Recortes», excediéndose en la interpretación realizada por la dirección del SAE, ya que como se sabe, los funcionarios y los laborales del VI Convenio han seguido cobrando este complemento de productividad a pesar de que la ley era para el conjunto de trabajadores de la Junta de Andalucía.
En cuanto a PRL, son varias las denuncias que se han puesto a la Inspección de Trabajo sobre este asunto, y en varias de ellas, la inspección ha instado a ejecutar su acción en materia preventiva, cayendo en saco roto para el SAE. Ante esta situación, UITA decidió poner en manos de la justicia este asunto.
Desde UITA continuaremos defendiendo los derechos de los trabajadores del SAE. Cuando la vía del diálogo y la negociación no funcionan, el único camino que nos queda es la denuncia judicial. De hecho, en los últimos cuatro años, han sido varios los conflictos colectivos que han terminado sus días en los juzgados, ante la falta de diálogo de la agenda:
- reclamación del seguro de vida colectivo, que hemos ganado y está pendiente de que el SAE formalice el contrato de la nueva póliza y ejecute así la sentencia;
- recuperación del complemento de antigüedad previo a 2012 conforme al convenio colectivo: perdimos en el TSJA y está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo con informe favorable del Ministerio Fiscal;
- representatividad en el Comité Intercentros conforme a los resultados electorales: sentencia favorable en el TSJA pendiente de se ejecute; el Tribunal ha dado dos meses al SAE para que cumpla la sentencia;
- instrucción de cobertura de vacantes: pendiente de juicio;
- prevención de riesgos laborales: informes favorables en la Inspección pero sin ejecutarse por el SAE y pendiente de juicio el próximo 28 de junio.
- formación interna: pendiente de juicio, el próximo 7 de junio.
Con estas acciones demostramos que somos el único sindicato que defiende los derechos del personal laboral propio de las agencias y que no ha dudado en acudir a los tribunales para recuperar todos los derechos consolidados y arrebatados por las distintas agencias del sector público andaluz, de forma totalmente discriminatoria.
