La Dirección General de Planificación y Evaluación suspende la reunión tras conocer la convocatoria de protesta de UITA
Los delegados y delegadas de UITA y UTEDEF se concentraron el pasado viernes a las puertas de Función Pública para reclamar la paralización de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria (OEPE) con motivo de la celebración del grupo de trabajo del Marco de Negociación colectiva en el Sector Público Instrumental, una mesa que pretende estudiar la convocatoria de esta oferta en las agencias y entidades públicas de la Junta de Andalucía.
La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública suspendió la reunión prevista para el pasado 16 de noviembre al conocer la convocatoria de concentración de UITA a las puertas de la sede de Función Pública en la calle Alberto Lista 16; grupo de trabajo que ha pospuesto su actividad
hasta después de las elecciones autonómicas.
Durante aproximadamente dos horas, los delegados de ambas formaciones sindicales mostraron su oposición a la OEPE y exigieron la creación de una mesa negociadora de agencias, donde se puedan estudiar y evaluar otros planes de estabilización, tal como se están dando en otras comunidades autónomas y que supone garantizar los puestos de trabajo a la plantilla que en la actualidad se encuentra en las agencias, trabajadores que, el que menos, lleva 10 años en el puesto.
Con el lema «No a la OEPE en el sector instrumental de la Junta de Andalucía. Otro plan de estabilización es posible», los delegados de UITA y UTEDEF pretenden protestar en cada reunión del grupo de trabajo hasta que se escuchen las demandas planteadas.
Al final del acto, se leyó un manifiesto en la que se reclama un ámbito de negociación adecuado para el colectivo y se pide que los errores cometidos por la Administración durante estos años, no lo paguen los trabajadores, ya que con esta convocatoria «se obliga al personal a presentarse a una convocatoria de empleo para adquirir una condición que de facto ya tiene; no se baraja otras fórmulas para cumplir con los derechos de los trabajadores, más de 10 años ocupando un puesto de trabajo en la Administración que no puede definirse como empleo temporal y se pone en peligro puestos de trabajo y por ende la calidad de los servicios a la ciudadanía«.
